Muros alambrados, joyas con botones de pánico, autos blindados y rastros de sangre en las calles. Chile enfrenta un aumento del crimen organizado que deterioró su reputación como uno de los últimos países seguros de América Latina.

Junto con Argentina, Costa Rica y Uruguay, Chile registraba hasta hace poco más de una década una de las tasas más bajas de homicidios de la región (2,5 por cada 100.000 habitantes), de acuerdo con la oficina de la ONU contra la droga y el delito.

Sin embargo, ese indicador se disparó desde 2012 hasta situarse en 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, aún por debajo del promedio de América (15), el continente con más crímenes de ese tipo en el mundo, señalan los últimos datos disponibles del organismo.

Lejos de los números, en Recoleta, un barrio bohemio de clase media en el norte de Santiago, el miedo pasa de boca en boca.

«Ahora se ve sangre en las calles, casquillos de balas, cuchillos tirados. No estábamos acostumbrados y hoy es muy cotidiano», afirma a AFP Lina Bilbao, de 45 años, presidenta de una junta de vecinos.

Los bares y viviendas lucen diferentes en comparación a dos años atrás. De manera paulatina se multiplicaron las ventanas con barrotes, los muros alambrados y las cámaras de seguridad.

Incluso se ven carteles con números de emergencia en caso de riñas y robos, según observó la AFP durante un recorrido.

Para las autoridades, el aumento de la criminalidad está estrechamente ligado a bandas como el Tren de Aragua, de Venezuela, y Los Pulpos, de Perú, implicadas en secuestros, tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos a sueldo.

Son «organizaciones criminales que el país no tenía, que se expandieron en distintas partes de América Latina», señala a la AFP el viceministro del Interior Luis Cordero.

Básicamente se distinguen de los grupos criminales locales por delinquir «con mayor violencia», enfatiza.

Alarmada por «las noticias» sobre «delincuencia, robos y secuestros», Sofía Carvajal, una diseñadora de 29 años, se sumó a una tendencia en ascenso: accesorios con botones de pánico.

Camino a un punto céntrico de Santiago, donde se provee de telas para su negocio, exhibe un collar con un cuarzo azul revestido de plata. Dentro de la gema está un diminuto chip que, al oprimirse, envía la ubicación en tiempo real a contactos de emergencia.

Recuerda que hace dos años su hermano fue asaltado pistola en mano. Desde entonces, ella se desplaza a pie más rápido y usa ropa desgastada para no llamar la atención.

«Hay inseguridad. Ya no camino tranquila en la calle. Si le pasó al de al lado, me puede pasar a mí», señala a la AFP.

Junto al naciente mercado de las joyas con botones de pánico, se consolida la industria del blindaje en Santiago, una capital de ocho millones de habitantes y ciudad con más homicidios al año en Chile.

Una de las empresas especializadas, Blindatek, pasó de adaptar 30 vehículos en 2020 a 200 el año pasado, según su gerente, Rodrigo Rivera.

PA su taller acuden desde empresarios hasta funcionarios, algunos todavía en ‘shock’ por el robo violento de sus autos. De 2014 a 2023, los robos con violencia aumentaron un 25%, según cifras oficiales. Son clientes «que han tenido experiencias traumáticas (…) y que se están protegiendo porque el poder de fuego que hay en las calles ha aumentado», señala Rivera.

Con el auge del crimen organizado, Chile se estrelló con una realidad: la falta de una policía preparada para hacer frente a estructuras que se disputan barrios enteros.

Como era un país que se consideraba seguro, «se postergó el desarrollo de las instituciones de seguridad y justicia», opina Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública del ministerio del Interior.

Ante una ciudadanía que clama mano dura, el gobierno del socialdemócrata Gabriel Boric se vio obligado a fijar como prioridad el combate a la criminalidad.

Al tiempo que reforzó la fiscalía con una unidad anticrimen de 200 agentes, anunció la creación de un ministerio de Seguridad, que comenzará a funcionar este año.

Por lo pronto, los homicidios parecen ir en descenso: de los 1.330 casos registrados en 2022 pasó a 1.248 el año siguiente, según el ministerio público.

Aun así siguen siendo cifras escandalosas para este país de unos 20 millones de habitantes.

«A Chile le costó un poco asimilar este nuevo crimen. Pero así como el crimen se adapta, las intervenciones del Estado también se tienen que adaptar», asegura el viceministro Cordero.