La orden de desalojo había sido emitida por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, cuando en agosto del año pasado ordenó la expulsión de los líderes del grupo, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja María Belén Salinas, junto a los demás integrantes de esa comunidad Lof Paillako, luego de certificar que el ingreso a las tierras públicas se produjo de forma ilegal, a través de métodos violentos, amenazas y atentados.

El desalojo se realizó el 9 de enero de este año, en un operativo en el que participó un centenar de efectivos policiales, encabezados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Desde ese momento, Cárdenas estaba declarado en rebeldía, ya que no se presentó en el marco de la causa que debe afrontar por el delito de usurpación. El lunes decidió entregarse la justicia, por lo que esta mañana compareció ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, donde afrontará el proceso penal por una serie de delitos vinculados a la toma ilegal de tierras.

Cárdenas está imputado como  coautor del delito de usurpación en concurso ideal con los delitos de daño agravado y atentado a la autoridad agravado por dos hechos distintos, uno de ellos con lesiones leves en grado de tentativa.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Brigadista devenido mapuche y sospechoso de incendios

Cruz Cárdenas está además señalado, por parte del gobierno provincial como también desde la Administración Nacional de Parques Nacionales, como principal sospechoso de los incendios provocados en enero de 2024 en el mismo parque Los Alerces.

Cárdenas había sido brigadista hasta el año 2019, cuando renunció. Desde 2016 se delcaró integrante del pueblo mapuche y comenzó a desconocer la autoridad de la Adaministración de Parques Nacionales. Poco antes de la irrupción en el territorio, confirmó que adscribía al pueblo mapuche y desconocía al Estado Argentino. 

La causa por la que ahora debe responder no se vincula con los incendios, sino con la usurpación que llevó adelante durante 4 años.