Uno de los neurólogos más importantes de Francia lo anunció. “No se preocupe por los efectos del ACV en los más jóvenes. Analice que va a pasar en 10 años aquí con las secuelas de las redes sociales en los niños y adolescentes. ¡Cuántos hospitales vamos a necesitar?. El síndrome Instagram. Auto mutilaciones, suicidios, crisis de autoestima, anorexia. Va a ser un desastre y la crisis ya ha comenzado” alertó.

Esa es la gran diferencia entre las preocupaciones en la Unión Europea y Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump ha decidido castigar a los funcionarios extranjeros que violan lo que el llama la libertad de expresión norteamericana y busca impedirles su ingreso a su país. Aquí se llama a la Unión Europea y sus gobiernos a regular las redes sociales, en nombre de la salud publica y la convivencia. Las grandes compañías del Sillicon Valley están siendo afectadas por esta legislación en su transparencia. Está involucrado en el control el Parlamento Europeo, la Comisión y los gobiernos, en las reglamentaciones, extremadamente preocupados por los efectos en los menores de hasta 15 años.

Una Europa adaptada a la era digital está en marcha, con fuertes regulaciones, más allá de las amenazas de la administración Trump y Silicon Valley. Hasta ahora no ha habido reacciones a las amenazas de la administración Trump a funcionarios que violan la libertad de expresión “a la americana”.

El tiempo que los menores de edad pasan frente a las redes sociales ha aumentado casi un 6% a nivel global. España se sitúa a la cabeza del ranking, con una media de 67 minutos al día. Son datos del estudio “El dilema digital: La infancia en una encrucijada”, publicado a principios de año, a partir los datos más de 400.000 familias de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. En total, los niños y adolescentes de entre 4 y 18 años pasaron cuatro horas diarias conectados a las pantallas y la mayor parte del tiempo lo hicieron en Tik Tok.

Ante este escenario, la ministra de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial de Francia, Clara Chappaz, se ha marcado el objetivo de alcanzar “un acuerdo europeo” para prohibir el acceso a las redes antes de los 15 años.

Chappaz, en una entrevista que publica La Tribune Dimanche este domingo, quiere obligar a las compañías a crear un sistema para verificar la edad de sus usuarios, y en caso contrario imponerles sanciones.

“Las redes sociales, antes de los 15 años, es no”, afirmó la ministra francesa , que se ha marcado un plazo de tres meses para “movilizar” a los socios de la Unión Europa. De hecho, explica que intenta “construir una coalición con España, Grecia y ahora Irlanda, para convencer a la Comisión Europea”.

La ministra ha mostrado preocupación ante la sobreexposición a temprana edad que perturba el desarrollo de los niños.

“No estamos hablando de un efecto secundario de las redes sociales. La ansiedad se ha convertido en su primer producto derivado. El acoso, los comportamientos alimentarios de riesgo, los pensamientos suicidas están aumentando claramente. El 40 % de los niños presenta signos de sufrimiento psicológico”, explicó.

“Miren lo que provocan ciertas tendencias en TikTok, como #SkinnyTok: normalizan la extrema delgadez, glorifican el control permanente de la alimentación. Es un detonante para jóvenes ya vulnerables. Mi prioridad es proteger a nuestros niños de los excesos del mundo digital», dijo.

Las leyes británicas sobre daños de las redes sociales han provocado la ira de defensores de la libertad de expresión y economistas, quienes advierten que sus amplias disposiciones para abordar el contenido dañino en línea podrían conducir a una censura excesiva y disuadir la inversión de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

La Ley de Seguridad en Línea es criticada por la administración de Donald Trump debido a las enormes multas que puede imponer a las empresas tecnológicas estadounidenses. Según la ley, los gigantes de las redes sociales se enfrentan a multas de hasta 18 millones de libras esterlinas o el 10% de sus ingresos anuales si no eliminan el contenido dañino de sus plataformas.

El pasado mes de febrero, se publicó el informe que el Ministerio de Juventud e Infancia español había encargado a un comité de 50 expertos para abordar la exposición de los menores a los móviles. En el documento, se recomienda cero pantallas hasta los 6 años, teléfonos analógicos (sin acceso a Internet) hasta los 16, o limitar el uso del móvil en los adultos delante de los niños, entre otras medidas.

En estudio detallaba que en la franja de edad de 0 a 3 años, los expertos recomiendan no exponer a los niños y niñas a pantallas; y de 3 a 6 años, desaconsejan el uso de dispositivos digitales, con excepciones, “en caso de necesidad, de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto”, con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial.

Además, hasta los 6 años, aconsejan limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores, y de 6 a 12 años, recomiendan limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet y priorizar actividades de vigilancia,.

La nueva ley de servicios digitales, que entró en vigencia en febrero del 2024 en Europa, regula intermediarios y plataformas en línea como mercados, redes sociales, plataformas de intercambio de contenido, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea.

Su principal objetivo es prevenir actividades ilegales y perjudiciales en línea y la propagación de la desinformación. Garantiza la seguridad de los usuarios, protege los derechos fundamentales y crea un entorno justo y abierto para las plataformas en línea.

La DSA protege a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea mediante el establecimiento de normas claras y proporcionadas. Fomenta la innovación, el crecimiento y la competitividad, y facilita la expansión de plataformas más pequeñas, pymes y empresas emergentes. Se reequilibran las funciones de los usuarios, las plataformas y las autoridades públicas de acuerdo con los valores europeos, priorizando a la ciudadanía.

Para los ciudadanos hay ventajas evidentes. Hay mayor protección de los derechos fundamentales. Mayor control y elección, y mayor facilidad para denunciar contenido ilegal. Mayor protección de los menores en línea, como la prohibición de publicidad dirigida a menores. Menor exposición a contenido ilegal. Mayor transparencia en las decisiones de moderación de contenido con la Base de Datos de Transparencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA)

Las plataformas en línea y los motores de búsqueda de gran tamaño plantean riesgos particulares en la difusión de contenido ilegal y perjuicios sociales. Se prevén normas específicas para las plataformas que llegan a más del 10 % de los 450 millones de consumidores en Europa.

Todos los intermediarios en línea que ofrecen sus servicios en el mercado único, tanto si están establecidos dentro como fuera de la UE, deben cumplir las nuevas normas. Las microempresas y las pequeñas empresas tienen obligaciones proporcionales a su capacidad y tamaño, garantizando al mismo tiempo su responsabilidad. Además, incluso si las microempresas y las pequeñas empresas crecen significativamente, se beneficiarían de una exención específica de un conjunto de obligaciones durante un período transitorio de 12 meses.

A partir del 17 de febrero de 2024, las normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplican a todas las plataformas. Desde finales de agosto de 2023, estas normas ya se aplicaban a las plataformas designadas con más de 45 millones de usuarios en la UE (el 10% de la población de la UE), las denominadas plataformas en línea de gran tamaño (VLOP) o motores de búsqueda en línea de gran tamaño (VLOSE).

La Comisión aplica la Ley de Servicios Digitales (DSA) junto con las autoridades nacionales, que supervisan el cumplimiento de las plataformas establecidas en su territorio. La Comisión es la principal responsable de la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones adicionales aplicables a las VLOP y los VLOSE, como las medidas para mitigar los riesgos sistémicos.

Los investigadores tienen acceso a los datos de las plataformas clave para examinar cómo funcionan. Los códigos de conducta y las normas técnicas ayudarán a las plataformas y a otros agentes a cumplir las nuevas normas. Otros códigos mejorarán las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad de las plataformas para las personas con discapacidad, o apoyarán nuevas medidas sobre publicidad.

Existe una Estructura de supervisión para adaptarse a la complejidad del ciberespacio: los Estados miembros desempeñan el papel principal, con el apoyo de un nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales; en el caso de las plataformas de muy gran tamaño, supervisión y control del cumplimiento por parte de la Comisión.

La Ley de Servicios Digitales, que establece obligaciones para las plataformas digitales y los motores de búsqueda a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, es la rendición de cuentas de la tecnología.

Alia Al Ghussain, investigadora y asesora sobre Tecnología y Derechos Humanos en Amnesty Tech, ha declarado que “la nueva ley digital debe marcar el fin de la era de ausencia de regulación de las grandes empresas tecnológicas. Para que esto suceda, la Ley de Servicios Digitales debe aplicarse rigurosamente a fin de evitar que se convierta en papel mojado”.

“Los Estados miembros de la UE y la Comisión de la UE son los principales responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones adicionales que afectan a las grandes empresas tecnológicas en aplicación de la Ley de Servicios Digitales. Deben resistirse a cualquier intento por su parte de suavizar las medidas de aplicación y cumplimiento. Insistir en situar los derechos humanos en el primer plano del nuevo panorama digital”, dijo Alia Al Ghussain.